Solidaridad.- Gana la empresa estadounidense Vulcan Materials Company Sactún (antes Calica) varias medidas cautelares ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entre ellas una “orden mordaza” al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que deje de criticarlos, informó en un comunicado el CEO de Vulcan Materials Company, Tom Hill.
El pasado 16 de septiembre, el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), hizo pública la orden procesal en donde resolvió que son procedentes las solicitudes de Vulcan Materials Company, que opera en México a través de su filial Sac-Tun, para detener señalamientos del gobierno e incluir reclamos adicionales como consecuencia del cierre de operaciones ordenado por el presidente López Obrador.
“El Tribunal encontró fundada la solicitud de la empresa al considerar los ataques públicos por parte del gobierno de México en conferencias de prensa, incluyendo afirmaciones específicas sobre el arbitraje mismo, como un esfuerzo de presionar a Calica para que claudique sus derechos y transforme su operación en un proyecto turístico”, señala la resolución del Tribunal.
Asimismo, en la demanda interpuesta el pasado 8 de mayo por Vulcan Materials Company, a través de Legacy Vulcan LLC, solicitaron al Tribunal incluir reclamos adicionales, esto como resultado del cierre de operaciones ordenado desde marzo pasado y que llevó a la clausura de las instalaciones de la cantera, así como los permisos de operación en el muelle de cruceros en Punta Venado.
“Luego del cierre inesperado y arbitrario de las operaciones de la compañía en México el pasado 5 de mayo y luego de la suspensión de su permiso aduanero de tres años, hemos considerado en las perspectivas de la compañía un potencial impacto de entre 80 y 100 millones de dólares para 2022″, indicó Tom Hill, CEO de Vulcan Materials Company, en su reunión con accionistas para presentar los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2022, de acuerdo a este comunicado.
La clausura en cuestión se debió a una visita de inspección de Profepa, en la que constataron que la empresa había cometido afectaciones graves al ambiente en el predio “La Rosalita”, la que siguió a una clausura anterior, de 2018, en el predio “El Corchalito”, por extraer roca por encima de lo autorizado.
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