Playa del Carmen.- Ariadne Song Anguas, integrante de la Red Feminista Quintanarroense, aseguró que las autoridades hasta el momento “brillan por su ausencia” en materia de protección de menores, cuyas madres fueron víctimas de feminicidio, a pesar de que el estado cuenta ya con una Ley de Víctimas, vigente desde el 2019.
La activista aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) no cuenta con un registro puntual de las víctimas de feminicidio, y mucho menos de los menores que quedan huérfanos.
Por ello, aseguró Song Anguas, el Estado no cuenta con un panorama ni siquiera aproximado del número real de infantes que, en la mayoría de casos, terminan bajo el resguardo de las madres de las mujeres víctimas de este delito.
En ese tenor, destacó, que a esto se suma la falta de aplicación de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, cuyas instancias responsables son el sistema DIF, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHQROO) y Secretaría de Salud, quienes deberían de implementar los protocolos preventivos y de reacción ante estos casos.
Además, aseguró que, al igual que las instancias anteriores, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) “brilla por su ausencia”, pues ni siquiera se ha interesado en formular políticas públicas y dialogar con asociaciones expertas en esta materia.
“SIPINNA solo está en eventos institucionales, pero nunca lo he visto accionando o haciendo políticas públicas, llamándonos a hacer mesas de trabajo para discutir o incluso tener una relación cercana con las víctimas”, aseveró.
Por lo anterior, la también abogada e integrante del Colectivo Feminista Xtabay resaltó que los menores no son sujetos de Derecho en este país, porque, dijo, “no son económicamente activas y porque no votan”.
“Por eso no son de su interés protegerlas, ni cuantificar cuántas son víctimas ni mucho menos implementar políticas transversales a las infancias a vivir una vida libre de violencia”, destacó.
Agregó que muchos de estos infantes son sacados de su ambiente donde fueron criados para que no sufran de señalamientos sociales, lo que no sucedería, dijo, si el Estado contara con un debido proceso para protegerlos.
Por último, Song Anguas dijo que, para revertir esta situación, y dado el grado de desinterés gubernamental, se pondría recurrir a amparos y juicios contra las autoridades competentes.
Lo anterior, enfatizó, siempre y cuando las víctimas así lo quieran, porque en muchas ocasiones los menores representados no quieren pasar de nuevo por un proceso de revictimización.
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